El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para refrendar su compromiso de dirigir la lucha global para abatir al tabaquismo, la principal causa de mortandad prematura evitable en el mundo, que en México provoca el deceso de 60 mil personas al año. Predeciblemente, esta fecha será ocasión para celebrar el premio otorgado por este organismo al Seños Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber impulsado la reciente modificación de la Ley General del Control del Tabaco (LGCT), la cual propone incrementar impuestos a los cigarros, colocar mayores pictogramas en las cajetillas e imponer prohibiciones más estrictas de uso en espacios públicos.. Seguramente los discursos laudatorios también mencionarán como un logro propio del sector salud el haber impulsado prohibiciones (avaladas por la OMS) contra tecnologías no-combustibles: vaporizadores o cigarros electrónicos y el tabaco calentado, las cuales ofrecen al fumador productos de consumo de nicotina de mucho menor riesgo que el cigarro tradicional.
La realidad arrasa con los discursos. No hay mucho que celebrar el 31 de mayo. Las encuestas demográficas señalan que la prevalencia de fumadores en México se ha mantenido estable entre el 15% y el 20% desde 1999, lo cual denota el fracaso de las autoridades de salud para abatir al tabaquismo. A la fecha, su reacción ante este fracaso ha sido proponer legislación más agresiva como la modificación reciente del la LGCT, Sin embargo, legislar no cambiará la realidad del fumador mientras insistan en ofrecer únicamente los métodos tradicionales para dejar de fumar que no han funcionado a nivel poblacional.
Una vez que terminen los grandes discursos del 31 de mayo cabe preguntarse ¿qué alicientes u opciones ofrecen las autoridades en México a los fumadores “de a pie” que desean dejar de fumar cigarros de tabaco? ¿Qué tan viables son estas opciones? Los fumadores pueden adquirir chicles y parches de nicotina cuyo costo por uso durante las 6 semanas de tratamiento es caro, además de que son poco eficaces y no es fácil conseguirlos (el Champix fue retirado del mercado). El fumador también puede llamar a la “Línea de la Vida” de CONADIC y (en el mejor de los casos) ser enviado a una terapia conductual de 10 horas (que puede estar ubicada lejos de su domicilio) sin seguimiento posterior. Puede (en teoría) recibir apoyo profesional sin costo en clínicas del estado (Hospital General, IMSS, INER), las cuales por los recortes en el sector salud carecen de recursos y personal calificado. En la práctica un fumador que vive en Iztapalapa y trabaja en Atizapán difícilmente dispone de recursos para adquirir los fármacos mencionados o del tiempo para acudir a clínicas o terapias y someterse al seguimiento y las pruebas necesarios. De hecho, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), solamente el 3.5% de los fumadores con intención y motivación para dejar de fumar acudieron a la asesoría de un profesional en salud. Las clínicas públicas de cesación en la práctica (y suponiendo que cuenten con personal capacitado y recursos públicos) no pueden atender a millones de fumadores.
Ante este panorama desolador, la sustitución del cigarro de tabaco por productos no combustibles puede ser una opción más práctica y más económica para millones de fumadores, ya que les mantiene el ritual de fumar disminuyendo enormemente los riesgos y la ansiedad de la abstinencia de nicotina, no requiere fármacos caros, ni modificar sus horarios o hábitos para acudir a hospitales o clínicas lejos de su domicilio.
Sin embargo, la viabilidad de los productos no combustibles requiere necesariamente una regulación adecuada. Si el objetivo es inducir al fumador a la adopción de estos productos por representar éstos un riesgo sanitario mucho menor, la regulación les debe otorgar ventajas sobre el producto contra el cual competirían: el cigarro de tabaco. Además, una vez regulados estos productos le generarían al estado suficiente recaudación fiscal para compensar con creces al gasto público que implicaría fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias, optimizando así los recursos públicos y disminuyendo al mercado negro.
Por último, la prohibición de estos productos criminaliza y deja desamparados a por lo menos un millón de personas que ya los consumen, la inmensa mayoría adultos ex-fumadores o fumadores que han experimentado beneficios a su salud. Ante la necedad y cerrazón de la Secretaría de Salud empeñada en ésta absurda prohibición, la mayoría de los 17 millones de adultos fumadores mexicanos simplemente seguirán fumando cigarros tóxicos pese a los grandes discursos y las celebraciones del 31 de mayo.
Dr Roberto Allan Sussman Livovsky
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
Director de Pro Vapeo México A.C.**
** Pro Vapeo México es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el acceso legal de productos de reducción de daño del tabaquismo a fumadores adultos en México. Pro Vapeo México no tiene vonflictos de interés con las industrias tabacalera, farmacéutica, ni con los fabricantes o vendedores de de dichos productos